La UCR le pide a la Justicia que cite a Milei
La pelea entre el radicalismo y Javier Milei sigue escalando y ya llegó a tribunales. Diez diputados del bloque que conduce Rodrigo De Loredo se auto denunciaron penalmente para que la justicia investigue si hubo pago de coimas para dejar caer la Ley Ómnibus. Buscan rebatir las acusaciones del presidente, que consideran infundadas.
El objetivo de máxima de los legisladores de la UCR es que Milei sea citado por los jueces para dar nombres y pruebas sobre las acusaciones que hizo desde Israel cuando la ley que consideraba clave para su gobierno se cayó por falta de apoyo parlamentario. En aquel entonces el presidente había dicho “a esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas» y horas después directamente había tratado de «delincuentes» a los diputados que se opusieron al proyecto.
La autodenuncia radical fue firmada por el propio presidente de la bancada, Rodrigo de Loredo, y los legisladores Martín Tetaz, Julio Cobos, Juan Carlos Polini, Jorge Galimberti, Natalia Sarapura, Manuel Aguirre, Fernando Carbajal y Karina Banfi. Justamente la diputada Banfi, vicepresidenta del bloque, tildó en redes de «irresponsables» las declaraciones de Milei.
«Atento que por diferentes medios el Presidente de la Nación ha denunciado la existencia de sobornos que tendría como sujetos pasivos del mismo a los legisladores Nacionales (específicamente a quienes hemos expresado diferencias políticas con su Gobierno), en respeto a su investidura emanada de la voluntad popular, deben investigarse tales dichos», dice el escrito de la presentación.
Esta denuncia se suma a las presentadas por el abogado Leonardo Martínez Herrero y el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez, que ya tramita el juez Ariel Lijo en Comodoro Py.
La tensión entre los diputados de la oposición y el presidente es máxima y promete ir creciendo a días de la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. Habrá que ver qué pasa ese día cuando Milei tenga que ir al Congreso a hablarle en persona a los legisladores. Por lo pronto, el conflicto ya recaló en la justicia.
