La negociación por los jueces en el Congreso
Los bloques dialoguistas en el Senado confirmaron que apoyarán los pliegos de los 62 candidatos que propone el Gobierno para designar jueces y fiscales. Sin embargo, el respaldo no es un cheque en blanco: los sectores aliados, liderados por el PRO y bloques provinciales, exigen que el Ejecutivo también se ocupen de resolver las vacantes de la Corte Suprema, que actualmente funciona con solo tres miembros tras los retiros de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
Desde el macrismo señalaron que, si bien la cobertura de vacantes en tribunales inferiores es urgente para evitar el colapso del sistema, el máximo tribunal no puede seguir operando con acefalía parcial. La advertencia llega justo cuando el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, busca mostrarse proactivo impulsando nombramientos que se demoraron años y promoviendo reformas de fondo como el nuevo Código Penal.
La urgencia por normalizar la justicia federal en las provincias es, precisamente, la moneda de cambio que los gobernadores ponen sobre la mesa. Los senadores de fuerzas provinciales enfatizan que la designación de jueces de primera instancia es crítica para la seguridad jurídica en sus distritos, pero advierten que no permitirán que el Ejecutivo «despeje» la agenda judicial de menor jerarquía mientras posterga el consenso de fondo sobre los nombres para la Corte, una discusión que requiere mayorías especiales de dos tercios.
En los pasillos del Congreso, el clima es de cautela. El oficialismo confía en que el número para los jueces inferiores está asegurado, pero la presión de los aliados busca forzar una mesa de diálogo integral que incluya también el pliego de la Procuración General.
De no mediar un gesto de la Casa Rosada en las próximas semanas, el dictamen de comisión podría dilatarse, poniendo en riesgo la estrategia del Gobierno de mostrar una gestión judicial eficiente antes del cierre del primer semestre.