El Gobierno no renovó el mandato de la Defensora General y deja vacante un cargo sensible en el sistema judicial

El Ministerio Público de la Defensa quedó sin titular este domingo porque la defensora Stella Maris Martínez cumplió 75 años y el Gobierno nacional optó por no remitir su pliego al Senado para su ratificación. La medida profundiza una problemática estructural: la creciente acumulación de cargos clave sin designación formal en el Poder Judicial.

Martínez ocupaba la Defensoría General de la Nación desde 2006 y su gestión estaba ampliamente respaldada por distintos sectores del ámbito jurídico. Sin embargo, el Ejecutivo decidió no apoyar una nueva postulación para extender su mandato más allá de la edad límite prevista por la ley, pese a que diversas organizaciones reclamaron públicamente por su continuidad.

Ante esta decisión, Julián Langevín, actual defensor ante la Corte Suprema de Justicia, asumió de manera interina, una situación que se prolongará hasta que el Ejecutivo y el Congreso acuerden una nueva designación. Basados en los procesos de otros fueros, los especialistas advierten que esa elección puede demorar años. Por ejemplo, el Procurador General, que es la otra máxima figura del Ministerio Público, lleva 8 años de forma «interina».

Todo esto se da en un contexto crítico para la estructura judicial argentina: varios cargos de alta jerarquía permanecen acéfalos y las vacantes de jueces y fiscales ya superan el 35%. A esto hay que sumarle que la propia Corte Suprema está funcionando con apenas 3 miembros.

Sin embargo, pese al reclamo de distintos sectores, el Gobierno no parece impacientarse. Mientras tanto, desde los tribunales y los distintos colegios de abogados advierten que, con tantas vacantes irresueltas, la independencia y la eficiencia de la justicia están en riesgo.