El (eterno) juicio de los cuadernos: preocupación de la Corte
El juicio por los cuadernos de las coimas, presentado como uno de los procesos más extensos y complejos en la historia judicial argentina, ya encendió alarmas en la cúpula del Poder Judicial. Tanto la Corte Suprema, como el Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal de Casación Penal expresaron inquietud por la decisión del Tribunal Oral Federal N° 7 de realizar las audiencias por zoom y con una frecuencia limitada a una vez por semana.
Esto provocaría que el juicio, que tiene 87 acusados -entre ellos Cristina Kirchner- y más de 600 testigos, dure años.
Por esa razón, el Consejo de la Magistratura aceleró la puesta a punto de una nueva sala de audiencias en el edificio de Comodoro Py. Según dicen en tribunales, entre el 10 y el 15 de noviembre quedará habilitada la «Sala AMIA», con capacidad para 200 personas, especialmente acondicionada para juicios orales de gran escala.
La preocupación por el espacio físico había sido planteada hace dos meses por el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, quien en ese momento advirtió que la falta de infraestructura obligaría a llevar adelante el debate de forma virtual. La medida fue resistida tanto por la fiscal Fabiana León como por varios defensores, que consideran que la modalidad remota podría vulnerar el derecho de defensa.
En agosto, la Cámara de Casación se había pronunciado en la misma línea. Los jueces señalaron que un juicio de semejante envergadura no debería desarrollarse de forma virtual ni con tan baja frecuencia de audiencias, por el riesgo de dilatar el proceso durante años y afectar su carácter público y oral.
Pero como respuesta, el tribunal resolvió mantener una audiencia semanal hasta fin de año y recién a partir de marzo de 2026, sumar una segunda sesión los martes.
Sin embargo, en los despachos de la Corte y del Consejo de la Magistratura insisten en la necesidad de avanzar hacia un esquema presencial y más intensivo, que permita cumplir con los plazos razonables. Más teniendo en cuenta lo que está en juego en el juicio, que busca determinar si hubo un esquema estructural de corrupción durante los gobiernos kirchneristas y si la ex presidenta se llevó más de 10 millones de dólares en coimas.