¿Divorcios sin abogados?

El Gobierno avanza con su premisa de desregulación en todos los ámbitos y ahora se metió en los divorcios. El ministro Federico Sturzenegger acaba de mandar al Congreso un proyecto que establece modificaciones en la ley y agrega a las causas de disolución del matrimonio  -que son la muerte de uno de los cónyuges, al sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento o el divorcio declarado judicialmente- la figura de «divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el declarado en sede judicial».

Esto significa que, si se aprueba el proyecto, las parejas podrán ir de común acuerdo a un registro civil a pedir un cambio en su estado civil. Se trata de un trámite administrativo que se resolverá con una resolución administrativa que tiene tanta validez como una sentencia judicial

Sin embargo, esto no quiere decir que ya no se necesiten abogados. Elena Baroni, abogada de familia, lo explica así: «Esto suma más libertad y abarata costos, pero la realidad es que los abogados vamos a seguir interviniendo porque todo lo que está alrededor, las cuestiones de los bienes, los hijos, la casa, requiere un acuerdo y eso requiere un asesoramiento». Y agrega: «Esto va a terminar siendo un trámite administrativo pero antes debe haber un acuerdo de las partes».

Lo que sí ve como positivo es que la nueva norma va a solucionar separaciones de hecho: «Esto va a regularizar situaciones de gente que ya está separada hace mucho, con todo resuelto y que no se divorciaron por problemas económicos», sostiene

Por lo pronto, el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal ya expresó su enérgico rechazo al proyecto. «Una vez más, queda en evidencia el desconocimiento del sistema de nuestro Código Civil y Comercial en cuanto a la necesidad de considerar integralmente todos los efectos del divorcio para garantizar la protección de la parte más vulnerable. El rol del abogado/a es insustituible en situaciones como la de un divorcio, y su ausencia podría dejar en desventaja a una de las partes.Modernizar y simplificar los procedimientos no puede hacerse a costa de los derechos», afirmaron.