Discapacidad: presentaron un amparo colectivo para restituir las pensiones
Organizaciones sociales, de derechos humanos y asociaciones de personas con discapacidad presentaron una acción de amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad, con el objetivo de que la Justicia ordene la reactivación de las pensiones por invalidez laboral que fueron suspendidas a nivel nacional.
La medida judicial se apoya en antecedentes favorables en distintas jurisdicciones. Tribunales de provincias como Formosa, Misiones, Catamarca y Río Negro ya han ordenado la restitución total de los beneficios, el pago retroactivo correspondiente y sanciones económicas por demoras en la ejecución. También se registraron fallos similares en casos individuales en Mendoza, Córdoba, Neuquén y Buenos Aires.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de La Plata.
Entre las entidades impulsoras del amparo colectivo se encuentran la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Sostienen que el proceso de auditoría iniciado en agosto de 2024 careció de una normativa clara que estableciera criterios, etapas y mecanismos de participación accesibles para los beneficiarios. La única comunicación oficial, afirman, se limitó a un edicto y un aviso en el sitio web de ANDIS, sin mayores detalles ni garantías.
«El proceso de control exhibió graves irregularidades. Entre ellas, el hecho de que la única forma de citación de las personas fue el envío de cartas documento, un medio que no es accesible, desconoce la situación estructural de este grupo y no llega a todas las zonas del país. Según lo informado por el propio Jefe de Gabinete, el 50,6% del total de cartas enviadas no habían podido ser entregadas. Aun así, se avanzó en las suspensiones», explicaron desde ACIJ.
«Además, la quita se realizó sin informar de manera clara, específica y accesible las causales atribuibles a cada persona en particular, vulnerando el derecho de defensa de cada una de ellas. De hecho, muchas tomaron conocimiento de la suspensión al no cobrar el dinero, pero sin haber recibido notificación alguna», agregaron.
Por otro lado, las organizaciones cuestionaron la aplicación del Decreto 843/2024, dictado en septiembre del año pasado, que modificó los requisitos para acceder a las pensiones. Entre otros cambios, se introdujo la exigencia de acreditar un 66% de disminución en la capacidad laboral, un umbral mucho más alto que el anteriormente vigente.