La Coparticipación: una deuda impaga desde 1996
*Por Germán Krivocapich Abogado y Especialista en Derecho Tributario (UBA). Presidente del CeATS, Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales
El 31 de diciembre se cumplen treinta años de un mandato constitucional incumplido:
la Argentina debía tener una nueva Ley de Coparticipación Federal antes de 1996 y
todavía nos gobierna una norma de 1988, la cual se prorroga de manera automática.
No se trata de un simple olvido institucional o de una falla jurídica, sino de un
lamentable signo de discordia política que explica buena parte de las tensiones
fiscales que discutimos todos los años, en cada presupuesto, en cada paritaria
docente, en cada bache que un municipio no puede arreglar.
Días atrás, desde el CeATS organizamos una jornada de debate en el Senado de la
Nación donde ese estado de situación volvió a discutirse con legisladores de distintos
bloques y funcionarios de varios niveles de gobierno. Que el tema haya vuelto a tomar
relevancia en la conversación pública es, en sí mismo, una buena noticia, y la ocasión
para contar qué es el CeATS: un organismo público no estatal de carácter
intergubernamental, con 22 años de historia, que nuclea a 23 de las 24 jurisdicciones
provinciales y a más de un centenar de municipios argentinos, y que dedica buena
parte de su tarea a capacitar a los agentes que todos los días liquidan y gestionan los
impuestos provinciales y municipales.
Pero la formación no alcanza si la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Por eso, en
esta jornada, se decidió dar un paso más y crear el Observatorio de Federalismo
Fiscal del CeATS, un espacio destinado a generar información técnica y objetiva sobre
el funcionamiento de la coparticipación, los ingresos brutos y las tasas municipales,
con la mirada autocrítica que este debate necesita.
Los números que se exhibieron en el Senado explican los motivos de esta iniciativa.
Como recordó el constitucionalista Antonio María Hernández, convencional
constituyente en 1994: «El país sufre de unitarismo fiscal. Hoy los ingresos
tributarios del Gobierno Central representan el 84,4%, las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires perciben el 14,2%, y los más de dos mil municipios del país
perciben apenas el 1,4%. Es falso que los municipios sean los culpables de la
presión impositiva. El 31 de diciembre cumplimos 30 años de violación
constitucional. La reforma de 1994 nos dejó el mandato de sancionar una nueva
ley de coparticipación y eso todavía no se hizo.»
El ex senador por el Chaco, Víctor Zimmermann, completó el diagnóstico con datos gual de contundentes: «La Ley 23.548, sancionada en enero de 1988, estableció
un régimen transitorio hasta diciembre de 1989. Llevamos 38 años prorrogando
de forma automática una norma provisional. Y esa misma ley exige que la masa
distribuida a las provincias no sea inferior al 34% de la recaudación tributaria
nacional, un piso que no se cumple hace años: entre enero y agosto de 2026
apenas rondó el 29,9%. Hay provincias, como La Rioja, que dependen en un 85% de la coparticipación federal; Formosa, en un 74%. Toda discusión de reforma
tiene que contemplar estas realidades estructurales.»
Con estos datos delante, cualquier discusión sobre una reforma corre el riesgo de
hacerse a ciegas o por presión. Y ninguna de esas alternativas es lo que Argentina
necesita. En ese punto es donde, los principios del verdadero federalismo fiscal deben
honrarse y priorizarse: no para zanjar la cuestión desde una lógica de «suma cero» que
involucre a la Nación, las provincias y los municipios, sino para aportar una solución
institucional estructural que articule los intereses y las necesidades de nuestro país en
su conjunto.
Resulta necesario el diálogo interjurisdiccional y la colaboración entre los distintos
niveles de gobierno para evitar una competencia estéril y dañina por los recursos
fiscales, hoy desgraciadamente reducida a una confrontación despareja entre
protagonistas que, por momentos, olvidan que dependen los unos de los otros para
que el Estado funcione. Nadie gana solo.
Y así como no tengo certezas acerca de cuándo la Argentina finalmente tendrá su
nueva Ley de Coparticipación Federal, sé que si algo aprendí durante todos estos
años de investigación y debate es que las reformas de fondo no se producen de un día
para el otro, sino que se construyen con información y con la perseverancia en
sostener un espacio de diálogo incluso cuando no haya urgencias electorales que lo
empujen.
Es por esto que el lanzamiento del Observatorio no se agota en esta jornada. El
CeATS va a sostener actividades similares con cierta periodicidad y un objetivo
concreto: generar los insumos técnicos para un eventual proyecto de ley.
Para eso, el CeATS va a convocar a la Comisión Federal de Impuestos y a la Comisión
Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), además de interactuar con los Consejos
Profesionales de abogados, contadores y escribanos de todo el país, las principales
cámaras empresariales y la comunidad académica.
Cuantas más voces técnicas se sumen a este diagnóstico, mejores serán las bases
sobre las que, el día de mañana, el Congreso pueda legislar.
Promover espacios de trabajo conjuntos es, en definitiva, lo que el CeATS viene
haciendo desde hace 22 años, y lo que, a través del Observatorio, aspira a
profundizar.