El Gobierno porteño denunció a la jueza que sobreseyó a un chico de 14 años

El Gobierno porteño denunció a la jueza que sobreseyó a un chico de 14 años

El Gobierno de la Ciudad formalizó ante el Consejo de la Magistratura de la CABA una presentación contra la jueza Laura De Marinis pidiendo un Jury de enjuiciamiento por «mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho». Se trata de la magistrada que se negó a aplicar el nuevo Código Penal Juvenil a un menor de 14 años.

La presentación fue realizada por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, después de una orden del propio jefe de Gobierno, Jorge Macri.

De Marinis, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, declaró la inconstitucionalidad del régimen penal juvenil en un caso puntual y sobreseyó a un chico de 14 años imputado por intentar robarle a un transeúnte junto a otros tres jóvenes en Palermo.

La jueza defendió su decisión, sostuvo que «someter a un chico de 14 años al sistema penal es estigmatizante» y explicó que era un chico que estaba «sin educación y sin poder alimentarse» y del cual el Estado se había desentendido. Además, afirmó que, en el caso de los menores, «llegar al proceso penal es lo último que tiene que ocurrir».

Ante las declaraciones de Macri, que calificó de inadmisible la sentencia y acusó a la jueza de alinearse con «sectores garantistas que defienden delincuentes», De Marinis advirtió que es grave institucionalmente usar el juicio político ante discrepancias con fallos judicializables por vía de apelación.

En su presentación pidiendo el Jury,  el ministro Gabino Tapia remarcó que las garantías de independencia de los jueces no significan «irresponsabilidad».  Y sostuvo que definir un ataque en patota como un mero suceso «estresante» banaliza la violencia sufrida por la víctima y desatiende el deber de protección judicial. Además afirmó que la jueza se apartó de la ley vigente sin suficiente rigor probatorio e impuso valoraciones de política criminal propias.

Ahora el Consejo de la Magistratura porteño debe evaluar si abre un expediente disciplinario o avanza hacia el proceso de remoción.

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