Un fiscal apeló la suspensión del Código Penal Juvenil
La polémica por la suspensión de la aplicación de la reforma penal juvenil en territorio bonaerense sumó una nueva arista de conflicto. Hernán Ceruti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, apeló formalmente la resolución de la jueza Marta Pascual, al sostener que el fallo genera un perjuicio institucional severo y vulnera la división de poderes.
En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que la figura del hábeas corpus no constituye una vía legítima para paralizar una ley de alcance nacional ratificada por el Congreso, sobre todo cuando no se probaron situaciones concretas o arbitrarias de vulneración a las libertades de los menores involucrados.
La fiscalía advirtió que la medida de la jueza avasalla las atribuciones del Poder Legislativo y erosiona el esquema republicano.
En paralelo a la acción del fiscal, la ONG Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la jueza Pascual bajo los cargos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Esta ONG pidió además incorporarse a la causa bajo el rol de amicus curiae, para poder estar estar presente en la audiencia institucional que la jueza fijó para el próximo 16 de septiembre con el Gobierno bonaerense.
La jueza ordenó la suspensión de la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad por considerar que no hay recursos profesionales ni materiales para promover una resocialización efectiva de los menores. Desde el ámbito fiscal y los sectores querellantes insisten en que la cautelar se basó en escenarios hipotéticos.