Presentan un proyecto para legalizar la eutanasia
Después de que Uruguay se convirtiera en el primer país de América Latina en regulara través de una ley la eutanasia, el diputado Julio Cobos presentó un proyecto para legalizar también esa práctica en Argentina.
El proyecto tiene como objetivo autorizar con un marco legal tanto la eutanasia como la muerte asistida, ofreciendo dos alternativas específicas: la primera consiste en que un médico administre directamente la sustancia letal; la segunda, permite que el médico prescriba la medicación necesaria, y sea el paciente quien se la autoadministre. Este enfoque diferenciado ha sido uno de los aspectos más innovadores del proyecto.
El texto también establece una serie de requisitos estrictos que deben cumplirse para acceder a estos procedimientos, con un énfasis particular en la protección de los derechos del paciente. Entre las condiciones más destacadas se encuentran:
Edad y residencia: El solicitante debe ser mayor de edad y, además, argentino o residente en el país por un período no inferior a doce meses.
Condición de salud: El solicitante debe padecer una enfermedad grave e incurable, o bien un padecimiento crónico e imposibilitante que haya deteriorado significativamente su calidad de vida.
Información médica completa: Es obligatorio que el paciente haya recibido información detallada sobre su diagnóstico y las opciones disponibles, incluidas las alternativas de cuidados paliativos.
Solicitudes múltiples: El proyecto establece que el solicitante debe presentar al menos dos solicitudes con un intervalo mínimo de quince días entre ellas. Estas solicitudes deben contar con el respaldo de testigos y, en algunos casos, ser validadas por un juzgado o escribano.
Consentimiento informado: El paciente debe proporcionar un consentimiento explícito e informado, con la posibilidad de revocar la decisión en cualquier etapa del proceso.
Además, el proyecto de Cobos reconoce el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud que decidan no participar en las prácticas de eutanasia, una medida que garantiza la libertad ética y moral de los médicos y demás profesionales involucrados.
Uno de los puntos clave del proyecto es la obligación de los centros de salud públicos y privados de garantizar el acceso al procedimiento, siempre que el paciente cumpla con los requisitos establecidos. Esto busca asegurar que, independientemente del tipo de institución, se respeten los derechos de las personas que deseen hacer uso de esta opción, siempre dentro de un marco ético y legal claro.