Fernando Blanco Muiño se postuló como Defensor del Pueblo
«La Defensoría del Pueblo debe dejar de ser un organismo testimonial para transformarse en una institución activa, moderna y verdaderamente federal, cercana a cada ciudadano en todo el territorio nacional.», Con esta definición, Fernando Blanco Muiño, actual subsecretario de Defensa del Consumidor se postuló para el cargo que lleva más de 16 años vacante.
La candidatura de Blanco Muiño se plantea como una alternativa orientada a fortalecer la institución y devolverle su presencia activa en la vida pública.
Abogado y actual Subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Blanco Muiño cuenta con una trayectoria vinculada al desarrollo de políticas públicas en materia de derechos ciudadanos y defensa del consumidor. Entre sus antecedentes se destaca su paso por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (2016–2020) y su labor al frente de la Unión de Consumidores de Argentina, donde impulsó acciones orientadas a la transparencia y la resolución de conflictos de manera accesible para la población.
Con una mirada centrada en la gestión, el diálogo y la independencia institucional, propone una Defensoría moderna y federal, con presencia efectiva en todo el país y capacidad de actuación frente a los nuevos desafíos sociales, ambientales y tecnológicos. Su enfoque apunta a recuperar la confianza y cercanía entre la institución y la ciudadanía, consolidando su papel como mediadora y garante de derechos.
Ahora será el Congreso el encargado de evaluar las postulaciones y preseleccionar a los candidatos.
La Defensoría del Pueblo fue creada en 1993 y cumple un papel clave en la protección de los derechos humanos. Pero después de que Eduardo Mondino dejara el cargo en 2009, quedó vacante. Su misión es hacer valer las leyes y la Constitución ante hechos, actos u omisiones de la administración pública. Interviene en casos de desalojos, aumento de tarifas, problemas ambientales o protestas sociales y puede proponer modificaciones normativas y actuar como colaborador crítico tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Se trata de un organismo autónomo con facultades tanto preventivas como reparadoras en la defensa de los derechos de los ciudadanos.