El proyecto que limita los DNU podría ser ley la semana que viene
El Congreso le sigue dando malas noticias al Gobierno. Al rechazo de los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica se suma el avance de un proyecto que busca cambiar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y plantea fuertes limitaciones al Poder Ejecutivo.
En Diputados, un plenario de comisiones emitió dictamen favorable para que la iniciativa, que ya tiene media sanción en el Senado, sea tratada la semana que viene.
El texto en discusión propone reformar la Ley 26.122, vigente desde 2006, que regula el procedimiento de tratamiento parlamentario de los DNU. Bajo la normativa actual, un decreto presidencial de este tipo sigue vigente mientras no sea rechazado por ambas cámaras del Congreso. Es decir, basta con que una sola cámara lo apruebe (o incluso que no lo trate) para que el decreto siga en pie.
Pero la reforma propuesta apunta a que eso cambie y busca que para que un DNU mantenga su validez, tenga que ser ratificado expresamente por ambas cámaras del Congreso, con mayoría absoluta de los presentes. Este aval al DNU deberá realizarse, además, dentro de un plazo máximo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Y si el Congreso no lo trata en ese plazo, el DNU perderá vigencia automáticamente. Si una sola cámara lo rechaza o si vence el plazo sin tratamiento, el decreto queda derogado, aunque se respetarán los derechos adquiridos mientras estuvo en vigor.
Además, el proyecto impide que el Ejecutivo pueda volver a emitir un DNU sobre la misma materia en el mismo año parlamentario si ya fue rechazado por el Congreso.
Como respuesta, la Libertad Avanza presentó un dictamen de minoría que rechaza cualquier cambio a la ley actual, argumentando que los DNU son una herramienta legítima que ha sido utilizada por todos los gobiernos recientes. El diputado Nicolás Mayoraz cuestionó las motivaciones políticas detrás de la reforma y la calificó como una maniobra desestabilizadora.
Tras el acercamiento de Macri con Milei, el PRO, por su parte, no firmó ningún dictamen. Sus representantes consideran que cualquier reforma de este tipo debería aplicarse a partir del próximo gobierno, y no afectar el mandato en curso del presidente.
La Coalición Cívica, fue otro de los espacios que puso reparos. Si bien respaldan la reforma, no acompañan el plazo de 90 días para el tratamiento legislativo, por considerar que podría generar incertidumbre sobre la vigencia de los decretos.
Si la cámara baja aprueba el proyecto sin modificaciones, la iniciativa quedará sancionada como ley. No obstante, desde el oficialismo ya anticipan que podría haber un veto presidencial. Y en ese caso, el Congreso deberá insistir en la ley, como lo hizo con la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario y la Ley Garrahan para poder mantenerla.