Ley de Emergencia en Discapacidad: el Gobierno le apunta al juez que anuló el veto y evalúa alternativas ante el rechazo del Congreso
El Gobierno denunciará ante el Consejo de la Magistratura al juez que anuló el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además, desde la Casa Rosada adelantaron que apelarán el fallo ante la Cámara Federal de San Martín.
La decisión de Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado de Campana, había declarado inválido el rechazo presidencial a la ley que aumentaba los fondos para las prestaciones a personas con discapacidad. El juez consideró que el veto afectaba a personas vulnerables a las que el Estado debía proteger y atender y con esto, violaba derechos básicos.
Pero para el Ejecutivo, el magistrado «se extralimitó en sus funciones» y su decisión vulnera facultades exclusivas del Poder Ejecutivo -como lo es un veto- establecidas por la Constitución. Por esa razón, lo acusarán de mal desempeño de sus funciones y pedirán una sanción en su contra.
En paralelo, los equipos legales de la Presidencia ya trabajan en la apelación del fallo de González Charvay pese a que en el Congreso avanza también el rechazo al veto.
Si el Senado vota en consonancia con Diputados y, al igual que la justicia, rechaza el veto, el Gobierno analiza dos caminos. El primero es ir a la Corte Suprema y pedir que se declare nula la sesión de la Cámara Alta en la que se debatió y se sancionó la ley porque, según el oficialismo, la convocatoria al debate no siguió los procedimientos correctos. La segunda es hacer una presentación ante el fuero contencioso administrativo para plantear que al no contar con fuentes de financiamiento, la ley es inaplicable.
Desde la Casa Rosada insisten en que de ninguna manera se va permitir que la Ley de Emergencia en Discapacidad se promulgue. Sin embargo, el recorrido en la justicia es complejo.
Para colmo, en las próximas horas el Senado podría convertir en ley el Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, que suma fondos al hospital Garrahan. Ambas iniciativas también serán vetadas y abrirán nuevos frentes en el Congreso y en la justicia ante una opinión pública cada vez más sensible y a semanas de unas elecciones clave para el Gobierno.