En una decisi\u00f3n de alto impacto para el mercado de desarrollos urban\u00edsticos, la C\u00e1mara Contencioso Administrativo Federal confirm\u00f3 que las empresas Desarrollos Inmobiliarios del Pilar y Eidico violan sistem\u00e1ticamente los derechos de los consumidores (art\u00edculos 4, 19 y 37 de la Ley N\u00b0 24.240 de Defensa del Consumidor).<\/p>\n\n\n\n
El fallo fue a partir de la denuncia de un grupo de compradores del emprendimiento \u00abBarrio San Ram\u00f3n de Pilar del Este\u00bb. La Subsecretar\u00eda de Defensa del Consumidor hab\u00eda sancionado a las desarrolladoras, ordenando la remoci\u00f3n de las cl\u00e1usulas ilegales. Al revisar el recurso de las empresas, la C\u00e1mara ratific\u00f3 el car\u00e1cter abusivo de esos contratos y las sanciones a las dos desarrolladoras.<\/p>\n\n\n\n
Los jueces subrayaron 4 ejes para reafirmar que las cl\u00e1usulas son ilegales o abusivas.<\/p>\n\n\n\n
1. Falta de precisi\u00f3n e indeterminaci\u00f3n de facultades: Se le otorgaban al desarrollador\/fiduciario facultades sumamente amplias, gen\u00e9ricas e indefinidas sobre los actos considerados \u00abnecesarios\u00bb para llevar a cabo el emprendimiento. Esto vulnera de forma directa el deber de informaci\u00f3n (Art. 4 de la Ley 24.240). El consumidor no puede quedar sujeto a un mandato con facultades discrecionales o ambiguas donde desconoce con exactitud qu\u00e9 actos jur\u00eddicos o econ\u00f3micos puede realizar la empresa a su nombre o a su cargo.<\/p>\n\n\n\n
2. Indeterminaci\u00f3n del plazo del contrato: Se fijaba un plazo inicial de vigencia (10 a\u00f1os), pero se preve\u00eda la posibilidad de prorrogarlo o extenderlo indefinidamente sin fijar ning\u00fan l\u00edmite, tope ni condici\u00f3n objetiva. Esto, a criterio de los jueces, genera una indeterminaci\u00f3n contractual perjudicial que vulnera la seguridad jur\u00eddica. Coloca al comprador en un estado de incertidumbre permanente al no saber cu\u00e1ndo finaliza efectivamente el v\u00ednculo contractual o el mandato encomendado.<\/p>\n\n\n\n
3. Exoneraci\u00f3n y traslado de responsabilidad: Exim\u00edan de responsabilidad al desarrollador\/administrador frente a incumplimientos, demoras o contingencias, traslad\u00e1ndole los riesgos y costos directamente a los compradores. Para la C\u00e1mara esta es una cl\u00e1usula abusiva t\u00edpica que desnaturaliza las obligaciones principales del proveedor y limita indebidamente los derechos del consumidor a exigir el cumplimiento efectivo del contrato o reclamar indemnizaciones por da\u00f1os y perjuicios.<\/p>\n\n\n\n
4. Pr\u00f3rroga de jurisdicci\u00f3n o elecci\u00f3n unilateral de tribunal: Le conced\u00eda a la empresa la facultad exclusiva de elegir la jurisdicci\u00f3n o los tribunales competentes ante un eventual litigio judicial. Esto restringe el derecho de defensa del consumidor y su acceso a la justicia y viola las normas que establecen que debe primar la jurisdicci\u00f3n m\u00e1s favorable al consumidor o la correspondiente al fuero de su domicilio.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de mantener firme la invalidez de estas cl\u00e1usulas y la obligaci\u00f3n de removerlas de los contratos, la C\u00e1mara decidi\u00f3 reducir la sanci\u00f3n econ\u00f3mica impuesta a las desarrolladoras de 29 a 20 Canastas B\u00e1sicas Totales. El tribunal busc\u00f3 unificar el criterio con decisiones adoptadas en causas similares por la misma Sala,para garantizar la equidad en la aplicaci\u00f3n de sanciones econ\u00f3micas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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