Organizaciones sociales, de derechos humanos y asociaciones de personas con discapacidad presentaron una acci\u00f3n de amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad, con el objetivo de que la Justicia ordene la reactivaci\u00f3n de las pensiones por invalidez laboral que fueron suspendidas a nivel nacional. <\/p>\n\n\n\n
La medida judicial se apoya en antecedentes favorables en distintas jurisdicciones. Tribunales de provincias como Formosa, Misiones, Catamarca y R\u00edo Negro ya han ordenado la restituci\u00f3n total de los beneficios, el pago retroactivo correspondiente y sanciones econ\u00f3micas por demoras en la ejecuci\u00f3n. Tambi\u00e9n se registraron fallos similares en casos individuales en Mendoza, C\u00f3rdoba, Neuqu\u00e9n y Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n
La causa qued\u00f3 radicada en el Juzgado Federal N\u00b0 4 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de La Plata.<\/p>\n\n\n\n
Entre las entidades impulsoras del amparo colectivo se encuentran la Asociaci\u00f3n Azul, la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Sostienen que el proceso de auditor\u00eda iniciado en agosto de 2024 careci\u00f3 de una normativa clara que estableciera criterios, etapas y mecanismos de participaci\u00f3n accesibles para los beneficiarios. La \u00fanica comunicaci\u00f3n oficial, afirman, se limit\u00f3 a un edicto y un aviso en el sitio web de ANDIS, sin mayores detalles ni garant\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEl proceso de control exhibi\u00f3 graves irregularidades. Entre ellas, el hecho de que la \u00fanica forma de citaci\u00f3n de las personas fue el env\u00edo de cartas documento, un medio que no es accesible, desconoce la situaci\u00f3n estructural de este grupo y no llega a todas las zonas del pa\u00eds. Seg\u00fan lo informado por el propio Jefe de Gabinete, el 50,6% del total de cartas enviadas no hab\u00edan podido ser entregadas. Aun as\u00ed, se avanz\u00f3 en las suspensiones\u00bb, explicaron desde ACIJ.<\/p>\n\n\n\n
\u00abAdem\u00e1s, la quita se realiz\u00f3 sin informar de manera clara, espec\u00edfica y accesible las causales atribuibles a cada persona en particular, vulnerando el derecho de defensa de cada una de ellas. De hecho, muchas tomaron conocimiento de la suspensi\u00f3n al no cobrar el dinero, pero sin haber recibido notificaci\u00f3n alguna\u00bb, agregaron.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, las organizaciones cuestionaron la aplicaci\u00f3n del Decreto 843\/2024, dictado en septiembre del a\u00f1o pasado, que modific\u00f3 los requisitos para acceder a las pensiones. Entre otros cambios, se introdujo la exigencia de acreditar un 66% de disminuci\u00f3n en la capacidad laboral, un umbral mucho m\u00e1s alto que el anteriormente vigente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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