La Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) emiti\u00f3 un comunicado donde denuncia que se dieron de baja pensiones por discapacidad de manera injusta y violando derechos esenciales de las personas que las recib\u00edan, que est\u00e1n contemplados en la Constituci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
\u00abTras varios meses de auditor\u00edas en todo el pa\u00eds, el pasado 18 de julio la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inform\u00f3 mediante un comunicado oficial que se hab\u00edan dado de baja 65.789 pensiones de las que eran beneficiarias personas con discapacidad. El 8 de agosto, el vocero presidencial anunci\u00f3 que las suspensiones ascend\u00edan a 110.522. Si bien ANDIS afirma que se trata de casos de pensiones mal otorgadas, las irregularidades en el proceso de control y los criterios que lo guiaron evidencian violaciones graves a los derechos de este grupo\u00bb, afirmaron desde la Asociaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
\u200a\u00bbEl programa de pensiones mal llamadas por ‘invalidez laboral’ es una pol\u00edtica de transferencia de ingresos destinada a paliar las desigualdades estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en Argentina. Su monto equivale al 70% de una jubilaci\u00f3n m\u00ednima, y habilita el acceso a la cobertura sanitaria del programa ‘Incluir Salud’ \u00ab, explicaron.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia de ACIJ apunta a un DNU que el a\u00f1o pasado restituy\u00f3 requisitos para acceder a una pensi\u00f3n que hab\u00edan sido rechazados por la justicia. \u00abEn septiembre de 2024 se modific\u00f3 el decreto que las regula, cambiando los requisitos para acceder a ellas y previendo nuevas obligaciones para sus beneficiarios y nuevas causales de suspensi\u00f3n. Se reinstalaron en esta reforma condiciones que hab\u00edan sido declaradas inconstitucionales, y se habilit\u00f3 la baja en aquellos casos en los que no se pudiera citar a las personas para evaluar su derecho a percibir esta prestaci\u00f3n debido a inconsistencias en sus domicilios declarados o a causas imputables a ellas\u00bb, puntualizaron.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n apuntaron a la auditor\u00eda de las pensiones, que estuvo atravesada, seg\u00fan el documento, por serias irregularidades: \u00abEntre los problemas que registr\u00f3 este procedimiento se destaca que las citaciones se realizaron \u00fanicamente por carta documento, aun cuando el correo no llega a todas las zonas del pa\u00eds y cuando hay personas que pueden haber cambiado sus domicilios o haber sido institucionalizadas. De hecho, en respuesta a un pedido de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica presentado por ACIJ, ANDIS inform\u00f3 que a junio de 2025 el 46% de las cartas enviadas no hab\u00edan podido ser entregadas. Adem\u00e1s, muchas personas fueron citadas en lugares que quedaban a cientos de kil\u00f3metros de sus lugares de residencia\u00bb, afirmaron.<\/p>\n\n\n\n
\u00abSi estas personas no pudieron participar en el proceso de control, dif\u00edcilmente puede afirmarse que sus pensiones est\u00e1n mal otorgadas. Tambi\u00e9n se registran varios casos de personas que no obtuvieron ninguna notificaci\u00f3n de suspensi\u00f3n, pero que al presentarse a cobrar el dinero, advirtieron que no se les hab\u00eda depositado\u00bb, denunciaron.<\/p>\n\n\n\n
Desde ACIJ remarcaron el serio avance sobre los derechos de los discapacitados por parte del Ejecutivo. \u00abM\u00e1s all\u00e1 de los problemas procedimentales en las auditor\u00edas, es importante enfatizar en que la norma sobre la cual se est\u00e1n realizando tiene serios problemas de constitucionalidad. En efecto, permite que una persona pierda la pensi\u00f3n si no alcanza cierto porcentaje de \u201cinvalidez laboral\u201d, aun cuando no hay personas \u201cv\u00e1lidas\u201d o \u201cinv\u00e1lidas\u201d para el trabajo y cuando la exclusi\u00f3n del mercado laboral nada tiene que ver con porcentajes definidos por la medicina; o cuando la persona tenga un pariente que pueda asistirla econ\u00f3micamente, aun cuando la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga al Estado a garantizar el derecho a vivir en forma independiente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLa interrupci\u00f3n de la pensi\u00f3n supone la p\u00e9rdida de un ingreso fundamental para cubrir necesidades b\u00e1sicas como alimentaci\u00f3n, vestido y vivienda, y tambi\u00e9n produce la p\u00e9rdida de la cobertura del Programa \u201cIncluir Salud\u201d, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos y el acceso a prestaciones centrales. De all\u00ed que cualquier decisi\u00f3n en relaci\u00f3n con estas prestaciones debe estar precedida de m\u00e1xima transparencia, asegurar el derecho de defensa de las personas beneficiarias y basarse en condiciones de acceso que respeten la Constituci\u00f3n y los tratados internacionales de derechos humanos\u00bb, concluye el comunicado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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