La relaci\u00f3n entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales se tensa cada vez m\u00e1s. Y ahora recal\u00f3 en la Justicia. Por un lado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo una presentaci\u00f3n para que se embargue a los manifestantes que causaron destrozos en las protestas contra la Ley \u00d3mnibus en el Congreso. Y, por el otro, el propio protocolo antipiquete que se aplica en cada marcha fue denunciado por referentes de la izquierda y es evaluado en los tribunales de Comodoro Py.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
\u00abDe acuerdo a las normas procesales que rigen el cobro de las costas del proceso, solicitamos que -una vez identificadas a las personas y las organizaciones responsables de los disturbios y los da\u00f1os ocasionados- se ordene en forma inmediata el embargo o la inhibici\u00f3n general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos ahora informados\u00bb, dice el texto de la denuncia que Bullrich present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda Penal, Contravencional y de Faltas N\u00b0 17 de la Ciudad de Buenos Aires. En su pedido, la ministra detalla que en los operativos el Estado gast\u00f3 m\u00e1s de 134 millones de pesos para poder movilizar a las distintas fuerzas federales que actuaron contra los manifestantes. <\/p>\n\n\n\n
En otro p\u00e1rrafo, la presentaci\u00f3n justifica el accionar de Gendarmer\u00eda, Prefectura y la Polic\u00eda Federal \u00abante los disturbios y la violencia desplegada por un gran n\u00famero de personas y a fin de preservar el correcto funcionamiento del Congreso de la Naci\u00f3n Argentina, proteger a los se\u00f1ores diputados y funcionarios pertinentes\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Pero la justicia no solo recibe denuncias desde el Gobierno, sino tambi\u00e9n en contra de \u00e9l. Tras una demanda impulsada por la legisladora porte\u00f1a Celeste Fierro, el juez Sebasti\u00e1n Casanello empez\u00f3 a analizar la legalidad del protocolo antipiquete, sus fundamentos jur\u00eddicos y su adecuaci\u00f3n a normas internacionales de derechos humanos. <\/p>\n\n\n\n
Por eso le dio 72 horas al Ministerio de Seguridad para que detalle c\u00f3mo se aplica el protocolo y en qu\u00e9 casos e indique \u00abpormenorizadamente el procedimiento que precedi\u00f3 su emisi\u00f3n, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dict\u00e1menes jur\u00eddicos previos realizados\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La izquierda sostiene que el protocolo afecta \u00abel derecho de asociaci\u00f3n y la libertad de expresi\u00f3n\u00bb y va contra \u00ablos principios de legalidad, reserva, culpabilidad, lesividad, inocencia, pro homine, m\u00e1xima taxatividad y responsabilidad penal personal\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
La Justicia debe definir sobre denuncias cruzadas en torno a la protesta en un contexto de creciente conflictividad social y la palabra de los jueces puede ser clave para definir c\u00f3mo seguir\u00e1n las manifestaciones en un a\u00f1o que promete ser muy agitado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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