Una Defensoría que no defiende
En nuestro país el Defensor del Pueblo existe desde 1994. Desde ese año este organismo protegió a la ciudadanía de los incumplimientos de las empresas de servicios públicos y del avance de la contaminación, entre otros temas. Pero hace 7 años no hay nadie que proteja los derechos de la gente ya que los senadores y diputados encargados de designarlo no se ponen de acuerdo.
Desde el año 2009 la ciudadanía no puede contar con la asistencia del Defensor del Pueblo de la Nación. Por esta razón, el artículo 86 la Constitución se está incumpliendo.El mismo dice que esta figura está al frente de un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, «que actúa con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad». Y tiene como fín defender al ciudadano común de los poderosos.
También conocido como Ombudsman y fue integrado al orden normativo argentino a través de la reforma constitucional de 1994, y ahí se le atribuyó una legitimación procesal, es decir que está facultado para presentarse en sede judicial ante cualquier conflicto entre un perjudicado y un ente que no cumpla con sus servicios.
Hoy en dia no hay un Defensor y se debe al no consenso de los diputados y senadores de la comisión encargada de designarlo. Por esa razón hoy ocupa el lugar del Defensor, el secretario general del organismo, Carlos Haquim.
Jorge Maiorano, primer Defensor del Pueblo de la Nación en el año 1994 aseguró a Defiéndase que «Quien se está haciendo cargo de la defensoría, Carlos Haquim no puede cumplir sus tareas al 100% porque no goza de una legitimación procesal», y por tal motivo aquellos que necesiten que sus derechos sean defendidos y protegidos deberán esperar de «la buena voluntad del organismo requerido por el Defensor del Pueblo».
Por su parte Haquim acepta que «ir a juicio es tarea que esta fuera de mis manos», pero a pesar de eso sostiene que la Defensoría sigue cumpliendo con gran parte de su trabajo, que es «la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración».
El doctor Maiorano aseguró que las conveniencias de los congresistas oficialistas y opositores hacen que no se designe a un Defensor, y espera que «asuma quien asuma en 2016 logre generar consensos».