Si me detienen y maltratan, ¿dónde puedo denunciarlo?

Cuando las fuerzas de seguridad se alejan de su deber y hacen abuso de autoridad, la víctima de este delito tiene dos opciones: quedarse callada por temor a represalias o denunciar el hecho para evitar que se repita. Pero, ¿es seguro denunciar los maltratos?

El 26 de mayo a las 3.10 de la tarde, antes de que arranque el tren de la estación de Burzaco, al sur del conurbano bonaerense, y mientras esperaban al parecer a una hinchada de fútbol que estaba haciendo disturbios, seis gendarmes bajaron del vagón a un joven de 20 años (cuyo nombre se reserva por ser menor) cuando se dirigía hacia el maxiquiosco que atiende en el barrio de Recoleta. Lo llevaron al vestuario del personal de seguridad del tren, lo obligaron a desvestirse y a hacer ejercicios de salto rana y lagartijas y lo molieron a bastonazos. No le explicaron por qué lo detuvieron ni le pidieron el documento ni el boleto. Una hora después lo liberaron. En el Hospital Lucio Meléndez de la zona, constataron al menos tres lesiones visibles: (usaron bastones de goma que no dejan rastros) con marcas en espalda y piernas y las manos raspadas por los pisotones. Así figura en la denuncia penal presentada en la UFI 8 de Lomas de Zamora, donde tramita la causa por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, aún sin número asignado. El joven se acercó a la comisaría de Burzaco, donde le tomaron la denuncia y dieron intervención a la fiscalía. La patrocinante legal del joven, María del Carmen Verdú, señaló que “el muchacho tuvo suerte de que le tomaran la denuncia en la comisaría por la interna que existe con Gendarmería”. Según un informe de la Defensoría provincial, en los últimos 11 meses se registraron 700 denuncias por torturas y abusos de las fuerzas de seguridad. El temor de muchos detenidos a denunciar los apremios hace que solo se conozca el 40% de los casos. El otro 60% llega a los oídos de los defensores pero se calla antes de arribar a las fiscalías porque las víctimas tienen miedo. La política de mano dura apoyada por distintos sectores sociales – como la fórmula para terminar con la delincuencia y con los delincuentes -, más las facultades otorgadas a la Policía Federal, lejos de disminuir la ola de seguridad en la Capital y el conurbano, condujo, en cambio, a un aumento de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Uno cree que jamás le va a pasar si no anda metido en “cosas raras”. Pero la práctica suele demostrar lo contrario. Por eso es importante saber cómo actuar cuando la Policía o cualquier otra fuerza de seguridad se desvían de su objetivo de servir a la comunidad y resguardar la integridad de los ciudadanos. ¿Dónde puedo denunciar el abuso policial? “Por supuesto que no en una comisaría”, advierte la doctora Verdú, integrante de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI). “Aunque suene ilógico hay mucha gente que lo hace”, prosigue Verdú. “Esas causas jamás llegan al juzgado, porque antes se cajonean o provocan una represalia de la misma fuerza”. Las torturas o cualquier tipo de abusos, físicos o psíquicos por parte de las fuerzas policiales, ameritan acciones judiciales por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales en el fuero penal, además de la acción por daños y perjuicios. Entonces, si el hecho ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, la víctima puede acudir a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en la calle Viamonte 1155, de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 13.30. Como los horarios de atención son bastante restringidos, en caso de suceder el ilícito un viernes por la noche o durante el fin de semana, se aconseja concurrir al hospital más cercano para que los médicos dejen constancia de las lesiones y realizar la denuncia el lunes a primera hora. También puede asentarse la denuncia en una fiscalía, pero en la Ciudad es más engorroso averiguar cuál es la fiscalía de turno.

Otro lugar donde prestan atención a este tipo de delitos es la Oficina de asistencia integral a la víctima del delito de la Procuración General de la Nación, en Perón 2455, primer piso, de 8.30 a 19 horas. “Aquí orientamos a la víctima a adoptar las medidas que conduzcan a evitar la repetición de los resultados y le brindamos la mayor confianza posible para que no tenga miedo de denunciar”, expresó a Defiéndase el Subsecretario de esta oficina Gustavo Plat. Existen, además, otros organismos oficiales en la órbita porteña, como la Dirección General de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, donde atienden denuncias por torturas. A nivel nacional está también la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. En el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la represión policial, los martes y viernes de 16 a 18 horas, pueden acercarse quienes sean víctimas de apremios ilegales. Cuando el abuso se consumó en la Provincia de Buenos Aires, conviene acercarse cuánto antes a una fiscalía. A diferencia de las fiscalías porteñas, los departamentos judiciales bonaerenses tienen en mesa de entradas la derivación inmediata a las fiscalías de turno. Otra alternativa es dirigirse a la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del gobierno provincial. La doctora Verdú recomienda avalada por la experiencia, que la mejor protección es la denuncia pública: “para lograr una especie de corralito solidario”, afirmó. “Tratamos de aconsejar que denuncien en algún medio de comunicación serio o en organismos nacionales o internacionales de derechos humanos. Incluso – dijo – en agencias del Estado vinculadas con la seguridad, como la Secretaría de Derechos Humanos o las Defensorías del Pueblo”. ¿Se sanciona a los efectivos que hacen abuso de autoridad? La Policía cuenta con una división de “asuntos internos”, creada especialmente para controlar los actos de la fuerza. No obstante, el doctor Alejandro Yapur, con vasta trayectoria en la materia por haber trabajado durante veinte años en el servicio penitenciario, como director de dos cárceles y director de Criminología, afirma que “no existe un mecanismo interno capaz de sanear este tipo de problemas” y que se trata más bien de “una decisión del Estado”, solucionar estos atropellos. Sostuvo que en los 5 años que trabajó en el Ministerio de Justicia “llegaron denuncias de este tipo y nunca les dieron bolilla a nada, entre otras cosas porque tienen miedo a la reacción corporativa. Los chanchullos de un sector no se ventilan en el otro – dijo – y si andan mal con las instituciones los tipos te organizan un motín, hay convivencia y connivencia”, sentenció el abogado. Conocedor del ambiente penitenciario, Yapur recomendó a la persona detenida que reciba lesiones en una comisaría o cárcel, denunciar tanto él como un tercero el hecho ante el juez para que ordene la investigación pertinente. Este constatará la verosimilitud de los apremios, dando para ello intervención al cuerpo forense. También puede denunciar los golpes o abusos ante el defensor oficial o particular, si es que se tiene uno. Pero, según Yapur: “no hay que dudar en denunciar, porque si no dice nada, el sistema reproduce la impunidad y se siguen cometiendo los ilícitos”, señaló el abogado. ¿Quiénes están obligados a denunciar este tipo de lesiones? De acuerdo con el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación: “tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio. 1- Los funcionarios públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones; 2- Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional”.