Empresarios y trabajadores protestan: ¿Por qué tengo que pagar al gremio si no estoy

Obreros y empresarios metalúrgicos y de otras ramas de la industria cuestionan el aporte que sus gremios les exigen en forma obligatoria desde enero aunque no estén afiliados. Los sindicatos dicen que los fondos favorecerán el desarrollo del sector industrial. Los afectados dudan.

Varios empresarios metalúrgicos están molestos por la contribución obligatoria del 1% mensual sobre el total de la masa salarial de sus empleados hasta un tope de 3000 pesos, que deben pagar estén o no afiliados a ADIMRA, el gremio que representa a las empresas del sector. A este fastidio se le suma el de los trabajadores que optaron por no afiliarse a la UOM, a quienes también se les va a tocar el bolsillo, dado que el empleador está obligado a retenerles el 2% del sueldo bruto. El aporte, que el presidente de ADIMRA llama “solidario” y que los obreros y empresarios llaman ´compulsivo´, comenzó a cobrarse en enero de este año, a partir del acuerdo Nº 58 firmado en septiembre de 2001 entre ADIMRA, en nombre de los empresarios y la UOM, representando a los trabajadores. Fue ratificado por el Ministerio de Trabajo por resolución Nº 227 en octubre pasado e incorporado al convenio colectivo de trabajo 260/75 de la rama metalúrgica. Esta contribución obligatoria, impulsada por la entonces ministro de Trabajo Patricia Bullrich durante la presidencia de Fernando de la Rúa, no es exclusiva del gremio metalúrgico. Fue llevada a la práctica además por las cámaras que agrupan al sector plástico, gastronómico y gráfico. Algunos de los afectados no demoraron su reacción contra la medida. En Río Grande, Tierra del Fuego, 57 trabajadores de la empresa BGH obtuvieron una medida cautelar de la jueza Lilian Herraez, en favor del planteo de inconstitucionalidad hecho por ellos, por considerar que la contribución compulsiva es “violatoria de los derechos de la propiedad y del ejercicio negativo de la libertad sindical”. Por su parte, 83 empresarios del sector plástico de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires promovieron amparos en mayo contra la cámara que los agrupa, (CAIP) que también comenzó a exigir el aporte en enero y a enviar cartas de cobro compulsivo desde su departamento jurídico a los que no contribuían. Como varios de estos empresarios están asociados a la Asamblea de pequeños y medianos empresarios (APYME), la entidad les brindó el espacio para reunirse en la delegación de Villa Soldati, donde se les dio también asesoramiento jurídico, pero no los acompañaron con la firma en los amparos como gremial empresaria. “Nos trajeron esta inquietud – dice el presidente de APYME sur, Carlos Milito – y nosotros les dimos el ámbito de reunión y los asesoramos”. Si bien Milito aseguró que “estamos de acuerdo con el reclamo de los empresarios, porque el aporte obligatorio sería justo en un país normal, pero es injusto en el nuestro con la crisis que estamos viviendo”, insistió en dejar claro que “APYME no avaló los amparos con su firma, sino que fueron presentados individualmente por los empresarios”. El abogado patrocinante de los empresarios, doctor Jorge Froi Movici, señaló a Defiéndase que el planteo de los amparistas “se basó en el pedido de inconstitucionalidad, porque no consiste en la invitación a contribuir sino en generar un cobro compulsivo”. Las causas, que tramitan en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 12, están a la espera de que el juez haga lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios. En cuanto a ADIMRA, algunas cámaras no afiliadas a la entidad, presentaron recursos para impugnar el acuerdo y la ratificación del Ministerio de Trabajo, porque no “podemos competir en igualdad de condiciones, si no se deja elegir al industrial dónde quiere hacer el aporte”, dijo un dirigente de una entidad afectada. En el Ministerio afirmaron que, en primer término no se hizo lugar al reclamo y “el acuerdo tiene absoluta vigencia”. Adriana tiene una fábrica de máquinas de galletitas en el barrio porteño de Flores. Hace 30 años paga la cuota social a ADIMRA, que hoy es de 50 pesos, pero no piensa poner un peso más en la contribución compulsiva, porque “no me van a hacer creer que esa plata es para capacitación”, dijo incrédula. Está convencida de que “la industria nacional no está protegida para nada, a mí nadie me representa y acá cada uno hace lo que le interesa a su bolsillo”. De los 16 obreros que supo tener hoy quedan 7 y sólo 3 aportan al gremio. De las exportaciones a países limítrofes, hoy apenas subsiste con el mutilado mercado local. Adriana se queja porque la contribución la afecta a ella, pero también a sus empleados: “Acá no sólo me sacan dinero a mí sino que también le tocan el bolsillo al trabajador, por eso mi gente decidió que no lo quería pagar”, afirmó la empresaria. Se ríe para no llorar cuando cuenta que “por un lado me obligan a pagar a ADIMRA y por otro se hacen los que protegen mis intereses mandándome un comunicado en el que me dicen que no están de acuerdo con el aumento de $100 de asignación a los obreros” dispuesto por el gobierno para los privados hasta diciembre. En la nota enviada el 25 de julio pasado, ADIMRA informa a sus afiliados que “NO AVALO una medida de esa naturaleza” y fijaron su oposición al proyecto debido a la angustiante situación económica de muchas empresas, algunas de las cuales presentaron procedimientos preventivos de crisis y tuvieron que despedir personal para poder pagar los salarios. “Mal se puede en ese contexto aceptar un incremento generalizado en los actuales costos”, dice el comunicado.

Defiéndase dialogó con el presidente de ADIMRA, Manfredo Arheit, quien defendió el aporte obligatorio empresarial porque, entre otras cosas, esos fondos “son para fortalecer a las cámaras regionales, capacitar a los empresarios, discutir el tema del ALCA, porque es una inversión que se hace para todos”, justificó el titular de la entidad gremial empresaria. ¿Por qué la contribución tiene que ser obligatoria para los que no están afiliados, sobre todo cuando los industriales atraviesan el peor momento de su historia? Este momento no es más grave que otros en cuanto a tener que salir a defender los intereses de la industria nacional, y la única manera de hacerlo es con recursos. La forma es la contribución empresarial solidaria (sic), donde con el aporte de todos se favorece la democratización y se motorizan mejor otros mecanismos de coparticipación. “Solidaria” no es lo mismo que compulsiva y aquí al empresario no le dejan opción. No quiero meterme en la discusión de si es compulsiva o voluntaria, por eso usamos la palabra solidaria. Por otra parte, se trata del 1% sobre la masa salarial de los trabajadores convencionados (sic). Cuando tenemos que enviar a alguien a Brasil a discutir el tema del ALCA, esa inversión se hace para todos y les va a servir a todos. Pero el empresario PYME está más preocupado en sobrevivir hoy que en pensar en el ALCA. El que piensa que el ALCA no le afecta está equivocado, al que no le importa el comercio exterior también, porque está profundamente vinculado, para evitar que el ALCA nos perjudique más de la cuenta y que las consecuencias del mismo sean lo más leves posibles. Hay afiliados que ya pagan la cuota social y no quieren pagar además el aporte obligatorio. Si paga la cuota social y no quiere pagar el 1% a ADIMRA, mire qué interesante lo que le voy a decir: probablemente ese 1% va a ser menor de lo que ese industrial pague de cuota. La cuota social no la va a tener que pagar más, sólo va a abonar una cuota simbólica de alrededor de unos $10 por mes para conservar los derechos estatutarios. En la revisión que hicimos, la mayoría de las empresas van a pagar menos que antes. En los empresarios y obreros no fastidia tanto el monto como el destino que se le da a ese aporte. ¿Adónde van a ir esos fondos? El 50% de lo que se recauda del 1% de este sistema se redistribuye a las 19 cámaras regionales del interior, de las 60 que componen la industria metalmecánica, y de la cual ADIMRA es la cabecera. Otro 25% va a las cámaras sectoriales, como los tornilleros y los matriceros, y el 25% restante queda en poder de ADIMRA central. Por último, salvo los empleados estables de ADIMRA, el poder ejecutivo como el consejo son ad honoren, ADIMRA no tiene en su cuadro directivo un presidente rentado. Entonces, estoy dispuesto a abrir las puertas al que quiera y ver la política de ingresos y egresos, que es más que transparente. ¿Qué sucede si el empresario se niega a hacer la contribución? En algún momento tendremos que pasar a la etapa del reclamo, porque esto es parte de un convenio y debe cumplirse. Estamos haciendo un enorme trabajo de concientización con los empresarios y cámaras que no están conformes, porque no es justo que los que pagan se vean desequilibrados por aquellos que no lo hacen, ya que todos tienen el beneficio. ¿Qué se hizo hasta ahora con los fondos recaudados? Bueno, digamos que esto recién empieza. A pesar de que el convenio se firmó en octubre se puso en marcha en enero y los primeros resultados se están viendo a partir de julio. Tenemos confirmado un convenio con la UIA, en donde hay un programa de reconversión del sector de la metalmecánica con aportes del BID. Nuestros fondos son aplicados a este tipo de proyectos. Recién ahora en septiembre estamos empezando a delinear los proyectos para lo que resta del año, los ingresos están apareciendo desde agosto en forma más o menos masiva. De modo que estamos fuertemente comprometidos.

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